En plena vorágine de operaciones Piñatas, Pastor, y detenciones de presuntos yihadistas, el Ministerio del Interior acaba de anunciar una licitación para un sistema infórmatico destinado a detectar a “potenciales terroristas” cuando accedan a medios de transporte. El ministro, una vez más, activa diligentemente un paquete de medidas antiterroristas de carácter preventivo, a la altura de las amenazas que motivaron recientemente la aprobación de un paquete de enmiendas al Código Penal.
Fernández Díaz busca una empresa que programe un megacerebro capaz de rastrear redes sociales (Twitter, Google Plus, Linkedln, Tumblr, Instagram y Flickr), fuentes de vídeo (YouTube, Vimeo y LiveLeak) y buscadores (Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go), al acecho de perfiles “sociológicos” –dicen–, pero también ideológicos –esto no lo dicen–, de quienes vayan a subirse a un tren o avión. Para ello, la herramienta anotará nicks, direcciones IP, comentarios. Las prescripciones técnicas de la oferta indican que ha de ser capaz de registrar la “huella digital” que los sujetos dejen en su paso administrativo o comercial: dónde estás empadronada, dónde has comprado y qué, con qué pagaste. No explicitan si esto supondrá activar algún mecanismo de registro a través de documentos de identificación personal –ya vigente en algunos países de la UE–, aunque sí que se detalla la posibilidad de acceso a datos médicos –prohibido por la LO 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales– o al contenido de comunicaciones personales –que requieren en todo caso de una orden judicial–. El filtro se realizará a través de un sistema de perfiles predeterminados de sospechosos –¿quién los decide?, ¿con qué criterios?–. El monto total de la adjudicación asciende a 1.633.500 euros.
El dilema con el que nos venden la moto se convierte en el argumento perfecto para justificarlo todo
El dilema con el que nos venden la moto se convierte en el argumento perfecto para justificarlo todo
No nos escandalizaremos por el importe. El gasto en Interior se ha incrementado un 1.780% en plena crisis económica, en plena euforia de recortes en sanidad y educación. No nos escandalizaremos, qué más da, es por una buena causa. Podemos ponernos garantistas y pensar que un programa como éste vulnera unos cuantos derechos reconocidos. Veamos: el derecho a la igualdad, a la no discriminación por origen racial, étnico, religión o convicciones; por origen nacional; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; o el derecho a la libertad de opinión y expresión. Recogidos en el Convenio Europeo y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución Española. Basta de invocar regulaciones abstractas de derechos intangibles. Es por una buena causa.
El problema no es que se vulneran conceptos que están bien sobre el papel, pero que son moldeables según las necesidades de cada sociedad. Derechos, anda, qué dices. El problema está en que las experiencias previas no parecen haber funcionado muy bien. El Screening of Passengers by Observation Techniques (SPOT), el equivalente estadounidense sólo parece detectar a personas sin papeles. Costó 900 millones de dólares y, según algunos informes, del total de pasajeros considerados sospechosos por el SPOT en 2007, sólo se detuvo a un 4%. De ellos, el 90% resultaron ser personas que no portaban la documentación en regla sin ninguna relación con actividades terroristas. Parece que es más fácil dar muestras de nerviosismo cuando te pueden deportar, qué cosas.
No nos escandalizaremos por todo eso. Ni por no saber cuáles van a ser los parámetros para ser considerada sospechosa. Todo esto sucede ya sin necesidad de pliegos de prescripciones técnicas. El 11S, el 11M, Londres, instauraron un modo de hacer. El ataque de la revista Charlie Hebdo, con toda su crudeza, ha traído una noche más larga para miles de personas sin documentación, o con determinados perfiles nacionales o raciales, y apenas nos hemos dado cuenta. Vimos la foto de la manifestación, la respuesta institucional. Pero no vimos los titulares de los días siguientes. Por ejemplo, la construcción del enemigo: “Trece países señalan el yihadismo como su peor amenaza”; “Grandes países de la UE se plantean nuevas acciones ante el reto yihadista”. Las primeras medidas: “Alemania aprueba la retirada del DNI a sospechosos de yihadismo”, “Protocolo policial con ‘personas árabes’: atención a los que lleven cámaras, dinero y a los argelinos”. Ah, no, que esto lo desmintieron luego. Esto sí: “Fernández Díaz pide ‘modificar algunas reglas de funcionamiento’ del Tratado Schengen”.
¿A quiénes afectará que haya controles selectivos en las fronteras internas?Si tenemos en cuenta que apenas una semana después del atentado ya se contaban 57 ataques islamófobos en Francia, la respuesta parece clara. Racismo, islamofobia, xenofobia y control ideológico son los frutos de la deriva securitaria.
¿Es necesario?
El eterno dilema que nos cuentan para vendernos esta moto no ha existido nunca. “Si detuvieran al terrorista que sabe dónde está la bomba y fuera necesario adoptar todas las medidas para obtener esa información y salvar la vida de la gente, ¿qué harías?”.
No sólo no ha existido nunca, sino que se convierte en el perfecto argumento para justificarlo todo, incluida la tortura. No le vamos a dar vueltas a esto, es una de las cosas que tenemos claras: los derechos de una valen tanto como los de todas, sea quien sea esa una. El Derecho Penal del Enemigo, con el que tan pesadas somos siempre, está pensado exactamente para eso: una doctrina jurídico-política según la cual se configuran tipos penales que anticipan la punibilidad a los actos preparatorios, caracterizados por una desproporcionalidad de las penas, la restricción de garantías y derechos procesales de las personas imputadas, así como por regulaciones penitenciarias restrictivas de derechos. Se parte, así, de una noción de Derecho de autor, desvinculado del principio de autoría, en cuya configuración van a ser relevantes tanto los medios de comunicación, como agentes creadores de la figura del “enemigo”, como las denominadas “leyes de lucha o combate”, es decir, legislación específica para los sujetos afectados por este planteamiento. Un esquema que nos hace odiar al “enemigo” y depararle lo que no permitiríamos para “nosotras”.
No sólo no ha existido nunca, sino que se convierte en el perfecto argumento para justificarlo todo, incluida la tortura. No le vamos a dar vueltas a esto, es una de las cosas que tenemos claras: los derechos de una valen tanto como los de todas, sea quien sea esa una. El Derecho Penal del Enemigo, con el que tan pesadas somos siempre, está pensado exactamente para eso: una doctrina jurídico-política según la cual se configuran tipos penales que anticipan la punibilidad a los actos preparatorios, caracterizados por una desproporcionalidad de las penas, la restricción de garantías y derechos procesales de las personas imputadas, así como por regulaciones penitenciarias restrictivas de derechos. Se parte, así, de una noción de Derecho de autor, desvinculado del principio de autoría, en cuya configuración van a ser relevantes tanto los medios de comunicación, como agentes creadores de la figura del “enemigo”, como las denominadas “leyes de lucha o combate”, es decir, legislación específica para los sujetos afectados por este planteamiento. Un esquema que nos hace odiar al “enemigo” y depararle lo que no permitiríamos para “nosotras”.
Aunque quizás ese es el problema. Activistas, twitteros comprometidos, tweetstars, adictos al 'Me gusta', ha llegado el momento en que esto no les pasa a otros. Llevamos mucho tiempo volcando al mundo por las redes quiénes somos, permitiendo que le borren las fotos a la fotógrafo en una mani, no protestando cuando se llevaban a otra para cachearla en ese cuartito putrefacto del aeropuerto, no escandalizándonos cuando el guardia civil de Barajas nos ha empezado a pedir la clave del ordenador para echar un vistazo a nuestro disco duro. Ahora nos va a pasar a nosotros también. Nos está pasando. "Interior crea una unidad especial para vigilar las redes sociales"; "Interior crea una base de datos de sospechosos sin control judicial"; "La policía admite tener 'archivos secretos' de activistas sociales’"; "La Policía podrá instalar programas espía en ordenadores de “supuestos delincuentes”. Quizás ése es el problema: que lo hemos estado viendo venir y no hemos hecho nada, no hemos dicho nada. Nada de nada
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