España es un paraíso fiscal para la Iglesia católica -- Rajoy y sus ministros gastan 8 millones al año en boato y protocolo
Valencia Laica denuncia en un acto público los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede
Los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede se articulan en torno a cuatro apartados: asuntos jurídicos; enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las fuerzas armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos; y asuntos económicos. Estos últimos, ha explicado Luis Manglano “son precisamente los más subterráneos y desconocidos por la sociedad”. Abundan los ejemplos. En octubre de 2011 el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, pidió al estado compensaciones por el dinero que el consistorio de Madrid dejaba de ingresar por exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (entre 94 y 120 millones de euros). El pasado marzo Valencia Laica hizo público un estudio en el que se detallaban las 1.253 propiedades inmobiliarias de la iglesia católica en la ciudad de Valencia exentas de pagar el IBI (de las 1.253 propiedades censadas, 1.098 se dedicaban a actividades con fines lucrativos”.
Los Presupuestos Generales del Estado consignaron en 2012 a la iglesia católica aproximadamente 248,3 millones de euros por la X en la casilla correspondiente del IRPF (y la tendencia se mantiene). La enseñanza privada concertada viene a suponer un coste anual para el erario público de unos 4.000 millones de euros. El presupuesto estatal también se hace cargo de las nóminas de los profesores de Religión, capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. Otra partida multimillonaria es la que todos los años se asigna a la conservación del patrimonio inmobiliario de la iglesia católica. “Pero cuando esos inmuebles se abren al público y la iglesia cobra una entrada, se queda con los ingresos y además no tributa”, explica el magistrado. La iglesia católica es la principal propietaria de inmuebles del país (más de 100.000 inmuebles censados).
Esta situación económica de privilegio la hace posible los Acuerdos de 1979. Habitualmente se pone el énfasis en la exención del IBI, pero, subraya el juez Luis Manglano, los beneficios se extienden pago del IRPF, el IVA y los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. También a las contribuciones especiales. A la iglesia católica se le reconocen en los Acuerdos las exenciones fiscales a las que pueden acogerse las entidades sin ánimo de lucro. Pero el aspecto más desconocido, subraya Manglano, es “una ley que desarrolla los Acuerdos con la Santa Sede –Ley 49/2002 de 23 de diciembre de entidades sin fin lucrativo y mecenazgo-, que va mucho más allá de los Acuerdos suscritos con el Vaticano”.
“Esta ley aprobada en el periodo de Aznar es la que cierra el círculo de la exención tributaria; a mi tribunal han llegado todo tipo de impugnaciones a estas exenciones o intentos por parte de ayuntamientos de cobrar el IBI, por la explotación económica de inmuebles de la iglesia católica; pero finalmente no se puede cobrar una tasa o un tributo”, explica el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia. En plena época de crisis, recortes y austeridad, el mayor propietario de inmuebles del estado español –la iglesia católica- no ha contribuido fiscalmente; al contrario, recibe recursos del estado. Y eso, pese a que uno de los puntos del Acuerdo de 1979 se afirma: “La iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”.
El Artículo 1 de los Acuerdos en materia de enseñanza deja poco lugar a interpretaciones: “A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar; en todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Según Javier de Lucas, “la iglesia católica en nuestro país nunca ha renunciado al negocio de la educación, un negocio al que este gobierno se ha entregado (es inminente la publicación de un decreto que va a rebajar las condiciones para constituir universidades privadas). El segundo objetivo es “el dominio de la educación, porque supone el control de las conciencias”. Ello implica una colisión con materias que sí son obligatorias en el currículo escolar –por ejemplo las científicas- ya que la iglesia propone explicaciones y tesis que no se someten a crítica.
Javier de Lucas subraya que lo anterior no implica que se niegue la enseñanza del “hecho religioso”, es decir, dar información sobre un fenómeno cultural en toda su amplitud (no confundir con adoctrinamiento en catequesis ni con historia de la iglesia católica y sus dogmas). Otra de las claves introducidas por el catedrático de Filosofía del Derecho es el incremento de la “pluralidad” en la sociedad española, lo que “arruina en gran parte” lo establecido en el Artículo 16.3 de la Constitución: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española…”.
El principio de laicidad tiene, según Javier de Lucas, dos ingredientes fundamentales: la libertad de conciencia y la neutralidad del estado en materia religiosa. Lo fundamental es que cada ciudadano ha de ser libre para tener las convicciones (religiosas o no) en condiciones de igualdad. “Basta ya de pensar en que la pluralidad se refiere únicamente a diferentes opciones religiosas”. El catedrático considera que el marco de los Acuerdos de 1979 no es reformable, “y nos obliga hoy a la Religión en un horario lectivo y equiparable a cualquier otra asignatura; sin embargo, eso es incompatible con el respeto a la pluralidad ideológica de los padres; implantar la enseñanza de la religión católica amparándose en que quienes no la cursan tienen una alternativa, es desvirtuar el principio de pluralidad en el espacio educativo”, explica.
De Lucas concluye que la religión confesional no debería tener su espacio en la escuela (sin embargo el BOE publicaba el 24 de febrero la Resolución sobre los currículos de enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria obligatorias, y en el bachillerato).El único asunto central sobre el que negocian, en el fondo, el estado y la iglesia católica es un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho de libertad de conciencia. Es el punto de partida de la reflexión de Dionisio Llamazares. “Hemos convertido, a través de los Acuerdos, a la iglesia católica en co-legisladora; la consecuencia de ello es que el estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la regulación de los derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de conciencia”. El presidente de la asociación Laicidad y Libertades Públicas resalta una cláusula “endemoniada” de los Acuerdos (de Derecho Internacional) de 1979 entre el Estado Español y el Vaticano. “Se dice que no se harán modificaciones ni reinterpretaciones si no es por consenso; y la iglesia no se mueve para nada de su posición, sobre todo en materia educativa”.
El catedrático de Derecho Eclesiástico aboga por una “modificación sustancial” de los Acuerdos, “ya que el estado no puede enajenar su soberanía en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa (ni la católica ni ninguna otra)”. Si hubiera que asignarle alguna función a los Acuerdos, añade Dionisio Llamazares, “habría de ser la de consulta por parte del estado cuando fuera a legislar en asuntos religiosos”. “Y luego el estado que haga lo que considere conveniente”.
Rajoy y sus ministros gastan 8 millones al año en boato y protocolo
Los gastos protocolarios y representativos de Mariano Rajoy y sus ministros superarán los ocho millones de euros al año, una cantidad equivalente al 50% del dinero público que destinan a becas Erasmus para los jóvenes universitarios y dos millones de euros más que los recursos que asignan al plan especial contra la pobreza infantil. Sin alcanzar la escandalosa facturación de la alcaldesa de Valencia,Rita Barberá, cuyas retribuciones de varios organismos oficiales superan los 100.000 euros al año y rebasan un 20% los emolumentos del jefe del Gobierno, los gastos representantivos o dinero de bolsillo por razón del cargo siguen siendo motivo de curiosidad parlamentaria y de comparaciones especialmente odiosas para quienes los disfrutan.
En respuesta a una solicitud de datos formulada por escrito en enero pasado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el Gobierno le ha mandado unas liquidaciones de gastos en atenciones protocolarias y representantivas de 2011 a 2013 en las que se observa un descenso de dos millones de euros en esos tres años. Concretamente, 2011 se cerró con un gasto de 10.524.818,52 euros y en 2013 se redujo a 7.492.739. La reducción habría sido real si el Ministerio de la Presidencia, del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no hubiera tenido que afrontar un suplemento de 2.929.603 euros para la Cumbre Iberoamericana de Cádiz que incrementó en esa misma cantidad la liquidación de 8.126.709,48 euros correspondiente a 2012.
El departamento de José Manuel García-Margallo ha sido tradicionalmente el mejor dotado. Exteriores cuenta con una cantidad anual de 4 a 5 millones de euros para fiestas, almuerzos y recepciones oficiales. En los dos últimos ejercicios ha dispuesto de más de nueve millones, una cantidad que ha permitido satisfacer las invitaciones y los regalos de la campaña para conseguir el sillón por dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU frente al competidor turco. La distribución del gasto se realiza entre las embajadas y el órgano central, a razón de tres millones para las primeras y dos para el órgano central, si bien en 2013, el peor año de la crisis en términos presupuestarios, Margallo vio reducida la dotación a 1,3 millones de euros.
Por nivel de gasto, Defensa se coloca en segundo lugar, con una cantidad decreciente desde 1,5 millones de euros en 2011 a 1.030.054,20 en 2013. En este ejercicio ha recuperado ligeramente el nivel de gasto. En la reducción del boato militar tuvo especial relevancia la denuncia pública que realizó el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, sobre los gastos superfluos en contraposición a la congelación salarial, y por la que sufrió un arresto administrativo de 30 días de privación de libertad en mayo de 2013. No obstante, mientras estaba en el centro de cumplimiento de arrestos de Colmenar Viejo (Madrid), el ministro Pedro Morenés anunció el ahorro del desfile del Día de las Fuerzas Armadas que tradicionalmente se celebraba a finales de mayo para fomentar la “conciencia de la defensa nacional” y mostrar a los ciudadanos los novedosos sistemas de armas.
La relación de gastos representativos ha disminuido ligeramente en el caso de Interior (639.450 €, de los que 456.034 fueron para actos conmemorativos) y ha aumentado un poco en los casos de Hacienda (332.419,21 €) y Justicia (153.831 €). Por cierto, que tras la dimisión de Carlos Divar como presidente del Consejo General del Poder Judicial en junio de 2012 por el escándalo de los llamados “fines de semana caribeños”, los gastos protocolarios y representativos de la alta institución bajaron de 278.847 a 170.624 euros. Recortes importantes de lo que habitualmente se llama “gastos de bolsillo” experimentaron asimismo los miembros del Tribunal de Cuentas (de 69.113,43 euro en 2011 a 33.158,38 en la última liquidación), del Consejo de Estado (de 42.238 a 26.349 euros) y, en menor medida, del Tribunal Constitucional (de 59.216,51 € en 2011 a 55.475,84 en 2013).
Luego ya, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, cuenta con 74.296 euros en gastos de representación, su colega de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, dispuso de 33.633 en 2013, de los que gastó 7.000 en actos; el titular de Economía, Luis de Guindos, tiene unos 50.000 euros, de los que en 2013 gastó 38.877, y el exministro de Agricultura y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete, fue dotado con 60.053 anuales para gastos de bolsillo derivados de su presencia en actos oficiales, tres veces más que su colega de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert (19.235,74 €) y algo más que la titular de Fomento, Ana Pastor(57.143 €). En una respuesta de marzo pasado, Pastor aseguró al diputado del PSC-PSOE José Zaragoza que su departamento ha reducido los gastos de protocolo y publicidad en 14 millones respecto a la legislatura anterior.
A esas cantidades se añaden los 350.000 euros a disposición del presidente del Gobierno así como otras partidas de menor cuantía para los responsables de los distintos organismos hasta completar la suma global estimada en torno a 8 millones de euros. El Ejecutivo reitera en su respuesta al portavoz vasco que ningún ministro dispone de tarjeta de crédito con cargo a los gastos de representación y da a entender que la Intervención controla hasta el último céntimo de esas partidas que, globalmente consideradas, representan la mitad de los 16.272.450 euros destinados este año a dotar las becas Erasmus.
LUIS DÍEZ
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