El trabajo en el hogar es un foco de explotación laboral en Europa. / OLMO CALVO
El sector textil, la construcción, los servicios de hostelería y la agricultura son las ocupaciones sobre las que este observatorio europeo ha alertado como nichos de explotación. La diferencia entre las legislaciones de los Estados europeos es el principal escollo para homogeneizar la persecución de la esclavitud laboral en el siglo XXI. La trata, esto es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados o extracción de órganos, aparece en el informe, que ha contado, en la mayoría de países europeos, con más dotaciones para detectar y perseguir esta forma de esclavitud laboral.
El miedo a que una denuncia se convierta en una orden de expulsión del país es la clave en muchos de los casos denunciados
La carta de Derechos Fundamentales de la UE, en sus artículos 5 y 31, establece la guía general, pero ésta se aplica de forma diferente entre aquellos países que sólo protegen a ciudadanos de terceros países, los que sólo garantizan los derechos de las personas migrantes sin papeles mediante la legislación penal –no a través de las leyes de trabajo– y los países que protegen también a los nacionales de la UE a través de la legislación laboral.
La dificultad para recoger los testimonios hace que el FRA no se aventure a dar una cifra de personas en esta situación y se remita a la consideración de la Organización Internacional del Trabajo de que tres de cada mil personas en el mundo han sufrido estas condiciones. En la UE, en los países con una legislación más garantista, han aflorado más casos que en aquellos en los que los marcos legales son más amplios o vagos. En octubre, la campaña Used in Europe estimó en 800.000 las personas que sufren explotación laboral en Europa.
Manifestación de Territorio Doméstico contra la explotación | Olmo Calvo.
Rumanos recolectando patatas en Hungría, bengalíes o pakistaníes recogiendo fruta en Grecia, portugueses construyendo carreteras en los Países Bajos o subsaharianas trabajando como au-pairs en Francia. La explotación tiene muchas caras pero constantes comunes: sueldos de menos de un euro la hora, jornadas de doce horas diarias durante seis o siete días seguidos, y, a menudo, un "hogar" en condiciones de inhabitabilidad a menudo atado al lugar de trabajo.
A pesar de que los sistemas de detección y monitorización del Estado español son buenos, el FRA explica que se está produciendo un aumento de la explotación en la agricultura que se extiende también a Portugal. El miedo a que una denuncia se convierta en una orden de expulsión del país, junto a una situación de extrema pobreza que lleva a aceptar cualquier tipo de empleo, son los factores clave en muchos de los casos denunciados. En los casos analizados por el FRA el principal factor personal de riesgo detectado ha sido el desconocimiento del idioma, el bajo nivel educativo y que los trabajadores proviniesen de situaciones de extrema pobreza en sus países de origen.
Un representante sindical español citado en el artículo considera que "no hay una condena social; no se reprueba que un hombre de negocios tenga personas migrantes trabajando para él y que las explote (...), no se condena que haya migrantes viviendo en condiciones inhumanas". El racismo es un factor coadyuvante para las situaciones de explotación, dado que aumenta la percepción de que hay trabajos para los que la población autóctona no está destinada y por tanto, pueden tener condiciones subestándar.
Las necesidades de las víctimas de estas situaciones, indica el informe, son tener la posibilidad de establecerse en un país de la UE, y, en un número significativo de casos, poder proveer a otros miembros de la familia y algo tan evidente como recibir una paga por su trabajo.
Al margen de las recomendaciones a los Estados y a las autoridades de dichos países, el informe subraya la responsabilidad de los consumidores a la hora de adquirir productos o servicios que puedan proceder del trabajo en condiciones de explotación severa.
El Centro de Estudios sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO, por sus siglas en inglés) ha publicado el mapa de la explotación laboral y el tráfico de personas en Europa. Su lanzamiento se enmarca dentro de la campaña Used in Europe, iniciativa llevada a cabo por la red europea contra el tráfico de seres humanos La Strada International junto a otras 30 organizaciones que busca concienciar a la población sobre este tipo de prácticas en el continente. La campaña coincide, además, con con el Día Europeo contra el Tráfico Humano que se celebrará mañana 18 de octubre.
Tal como denuncian estas organizaciones, “a pesar de lo que muchos europeos piensan,el tráfico humano con fines de explotación laboral tiene lugar en una amplia gama de sectores en Europa”. Entre las múltiples formas de explotación que han detectado en áreas como la construcción, la agricultura, la hostelería o la industria se encuentran violaciones de los derechos humanos tales como el trato inhumano, el engaño o la coacción a trabajadores, además de la retención de documentos de identidad y sueldos por parte de los empresarios.
En el caso del Estado español, Used in Europe destaca los diferentes informes sobre la explotación de miles de africanos en el sector agrario, con migrantes que viven en pésimas condiciones –incluso a veces sin recibir salario alguno–, además de los referidos al sector de la construcción, doméstico y de en la industria del sexo. En concreto, la campaña hace referencia a migrantes en situación vulnerable, llegados del este de Europa y Latinoamérica además de África, que acuden a España buscando mejorar sus condiciones de vida y encuentran un alto nivel de explotación laboral en aras de la presión de los mercados para la venta de productos baratos.
Asimismo, las organizaciones destacan que se han identificado 787 mujeres víctimas del tráfico humano para la industria del sexo entre abril de 2013 y enero de 2014, según los datos de la Policía Nacional.
La campaña recuerda que en el Estado no existen estadísticas oficiales sobre otras formas de explotación laboral diferentes a la referida a la explotación sexual y que ,“aunque el tráfico de personas con fines de exploración laboral está penalizado en el Código Penal, no ha habido políticas públicas de apoyo a la lucha contra estas prácticas”.
Entre las organizaciones que trabajan sobre el terreno en el Estado español Used in Europe cita el Proyecto Esperanza, que ofrece servicio directo a las víctimas, o Women's Link Worldwide, que se centra en la igualdad de género y el acceso a la justicia.
El SOMO destaca que “no existen soluciones simples o rápidas para esta problemática”, pero apunta: “Tras reconocer que está sucediendo podemos comenzar a cambiarlo” con el fin de “avanzar hacia una forma más humana y justa de producción de nuestros productos en Europa”
A pesar de que los sistemas de detección y monitorización del Estado español son buenos, el FRA explica que se está produciendo un aumento de la explotación en la agricultura que se extiende también a Portugal. El miedo a que una denuncia se convierta en una orden de expulsión del país, junto a una situación de extrema pobreza que lleva a aceptar cualquier tipo de empleo, son los factores clave en muchos de los casos denunciados. En los casos analizados por el FRA el principal factor personal de riesgo detectado ha sido el desconocimiento del idioma, el bajo nivel educativo y que los trabajadores proviniesen de situaciones de extrema pobreza en sus países de origen.
Un representante sindical español citado en el artículo considera que "no hay una condena social; no se reprueba que un hombre de negocios tenga personas migrantes trabajando para él y que las explote (...), no se condena que haya migrantes viviendo en condiciones inhumanas". El racismo es un factor coadyuvante para las situaciones de explotación, dado que aumenta la percepción de que hay trabajos para los que la población autóctona no está destinada y por tanto, pueden tener condiciones subestándar.
Las necesidades de las víctimas de estas situaciones, indica el informe, son tener la posibilidad de establecerse en un país de la UE, y, en un número significativo de casos, poder proveer a otros miembros de la familia y algo tan evidente como recibir una paga por su trabajo.
Al margen de las recomendaciones a los Estados y a las autoridades de dichos países, el informe subraya la responsabilidad de los consumidores a la hora de adquirir productos o servicios que puedan proceder del trabajo en condiciones de explotación severa.
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Tal como denuncian estas organizaciones, “a pesar de lo que muchos europeos piensan,el tráfico humano con fines de explotación laboral tiene lugar en una amplia gama de sectores en Europa”. Entre las múltiples formas de explotación que han detectado en áreas como la construcción, la agricultura, la hostelería o la industria se encuentran violaciones de los derechos humanos tales como el trato inhumano, el engaño o la coacción a trabajadores, además de la retención de documentos de identidad y sueldos por parte de los empresarios.
En el caso del Estado español, Used in Europe destaca los diferentes informes sobre la explotación de miles de africanos en el sector agrario, con migrantes que viven en pésimas condiciones –incluso a veces sin recibir salario alguno–, además de los referidos al sector de la construcción, doméstico y de en la industria del sexo. En concreto, la campaña hace referencia a migrantes en situación vulnerable, llegados del este de Europa y Latinoamérica además de África, que acuden a España buscando mejorar sus condiciones de vida y encuentran un alto nivel de explotación laboral en aras de la presión de los mercados para la venta de productos baratos.
Asimismo, las organizaciones destacan que se han identificado 787 mujeres víctimas del tráfico humano para la industria del sexo entre abril de 2013 y enero de 2014, según los datos de la Policía Nacional.
La campaña recuerda que en el Estado no existen estadísticas oficiales sobre otras formas de explotación laboral diferentes a la referida a la explotación sexual y que ,“aunque el tráfico de personas con fines de exploración laboral está penalizado en el Código Penal, no ha habido políticas públicas de apoyo a la lucha contra estas prácticas”.
Entre las organizaciones que trabajan sobre el terreno en el Estado español Used in Europe cita el Proyecto Esperanza, que ofrece servicio directo a las víctimas, o Women's Link Worldwide, que se centra en la igualdad de género y el acceso a la justicia.
El SOMO destaca que “no existen soluciones simples o rápidas para esta problemática”, pero apunta: “Tras reconocer que está sucediendo podemos comenzar a cambiarlo” con el fin de “avanzar hacia una forma más humana y justa de producción de nuestros productos en Europa”
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