Queda una semana para que el Parlamento Europeo decida su posición sobre el TTIP

La Cámara, que votará en Pleno, suele ser el contrapeso a las decisiones de la Comisión y los Estados.

La ONG Amigos de la Tierra analiza que “cuánta más gente esté informada de lo que supone el tratado de libre comercio entre Europa y EE UU, más oportunidades habrá de frenarlo”.

Queda únicamente una semana para que el Parlamento Europeo vote en Pleno su posición acerca de los tratados de Libre Comercio Transatlántico y de Servicios (TTIP y TISA por sus siglas en inglés): el acuerdo que negocia la Unión Europea y EE UU sobre liberalización de servicios y eliminación de trabas para el negocio entre ambas zonas geográficas. Sin estar fijada la fecha exacta para la votación en Estrasburgo, una de las asociaciones más contrarias a este tratado, Amigos de la Tierra, ha recibido en España los caballos de Troya que van a pasear para ilustrar su análisis sobre el TTIP: “La entrada de productos agrícolas hormonados y transgénicos y la privatización de servicios públicos a favor de empresas”.

Esta campaña ya ha galopado por otros estados de la Unión como Bélgica y está previsto que se desplace por Galicia, Aragón, la Comunidad de Madrid… Amigos de la Tierra entiende que “es importante que haya más luz y más información porque cuanta más gente esté enterada de lo que supone, más fuerza se podrá hacer en su contra”. El resultado de lo que voten los europarlamentarios no es vinculante pero la Cámara continental es el contrapeso tradicional a las decisiones de la Comisión y los Estados Miembro. Sin embargo “en esta ocasión somos un poco pesimistas”, dicen los ecologistas.

De hecho, la semana pasada, los socialistas europeos aceptaron el organismo de arbitraje propuesto en las negociaciones del TTIP a cambio de que se exija a los EE UU la ratificación de los derechos laborales amparados por la Organización Mundial del Trabajo. El tratado está recibiendo críticas además de por su contenido, por el secreto que está caracterizando las reuniones entre las partes. La Comisión Europea, por su parte, insiste en que estas acusaciones se basan en “mitos” y remite a la declaración conjunta de las partes implicadas acerca “ la protección de los servicios públicos” firmada en marzo de este año.