miércoles, 23 de septiembre de 2015

El problema catalán en 21 preguntas y respuestas


Los catalanes están llamados a votar el 27 de septiembre en unas elecciones que marcarán el futuro de Cataluña. A continuación explicamos el problema catalán en 21 fichas que aspiran a resolver las dudas que plantea el proceso soberanista catalán.

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¿Cuándo empezó el proceso de independencia de Cataluña?

Celebración de la Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

por Pol Pareja

No hay un momento exacto para situar el inicio del proceso de independencia. Una opción es fijarlo en la manifestación de julio de 2010 en protesta por los recortes que el Tribunal Constitucional aplicó sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que los catalanes aprobaron en referéndum en 2006.


A la marcha fueron más de un millón de personas según la Guardia Urbana de Barcelona y su lema fue Som una Nació. Nosaltres decidim: Somos una Nación. Nosotros decidimos. En cabeza iba el socialista José Montilla, entonces president de la Generalitat.

Un año antes, en septiembre de 2009, se celebró la primera “consulta” sobre la independencia de Cataluña en el municipio de Arenys de Munt (8.600 habitantes). Desde esa fecha hasta abril de 2011 organizaron sus propias votaciones sobre la independencia cientos de municipios catalanes, incluido Barcelona. En total participaron 833.599 catalanes.

Otros consideran que el pistoletazo de salida del proceso fue la manifestación celebrada el 11 de septiembre de 2012. Bajo el lema Catalunya, nou Estat d’Europa (Cataluña, nuevo estado de Europa), cientos de miles de catalanes salieron a la calle para celebrar la Diada y reclamar la independencia. La manifestación se celebró nueve días antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy rechazara aplicar en Cataluña un nuevo sistema fiscal similar al concierto económico vasco y navarro.

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¿Cuál ha sido el apoyo histórico del independentismo en Cataluña?

Retrato de Francesc Macià elaborado en Camagüey (Cuba).

por Pol Pareja

La primera vez que una formación abiertamente independentista obtuvo su primer escaño fue en 1918. Aquella formación fue la Federació Nacionalista Catalana de Francesc Macià. En cada una de las elecciones siguientes (1919, 1920 y 1923), el partido obtuvo dos escaños. Durante esa época el voto nacionalista catalán lo absorbía una formación no independentista: la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que obtuvo 14 escaños en 1919 y 1920 y 20 escaños en 1923.

Durante la II República, Esquerra Republicana (ERC) fue un partido hegemónico en Cataluña. Ganó holgadamente en Cataluña cinco elecciones entre 1931 y 1936. El dominio de ERC en las urnas permitió que durante la II República se sucedieran dos presidentes independentistas.

El primero fue Francesc Macià, que se adelantó unas horas a la proclamación de la II República: en abril de 1931 anunció la “República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica”. El Gobierno provisional republicano, no obstante, rebajó las pretensiones de Macià y ambas partes llegaron al acuerdo de restablecer la Generalitat.

            

A Macià le sucedió en 1933 Lluís Companys, también de ERC. Companys proclamó el “Estado catalán dentro de la República Federal Española” en octubre de 1934, aprovechando la tensión derivada de la revolución obrera de Asturias. El Ejecutivo declaró el estado de guerra, Companys fue encarcelado y el Gobierno autónomo fue suspendido. En 1936, Companys asumió nuevamente el Gobierno de la Generalitat después de que se impusiera en las elecciones el Frente Popular, del que formaba parte ERC.

Con la llegada de la Transición, el apoyo a las fuerzas soberanistas ha ido variando a lo largo de las 10 elecciones autonómicas. ERC, tradicionalmente el único partido independentista, ha oscilado entre los cinco diputados que obtuvo en 1984 y los 23 que consiguió en 2003. En las elecciones de 2012, había otras dos fuerzas soberanistas, CiU y la CUP, que junto a Esquerra sumaron 74 diputados (la mayoría absoluta está en 68).


Desde junio de 2005, el Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán) pregunta qué tipo de estado debería ser Cataluña. En junio de 2005, un 13,6% de los encuestados respondieron “un estado independiente”. En marzo de 2015, última encuesta disponible, esa cifra había aumentado hasta el 39,1%. El momento con más partidarios de la independencia, según esta encuesta, fue febrero de 2013: el 48,5% respondieron a favor de un estado independiente.

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¿Por qué una parte de Cataluña se quiere independizar?

por Pol Pareja

Hay tantos motivos para defender la independencia como tipos de soberanistas. Podrían resumirse en dos perfiles: los pragmáticos y los sentimentales. Los pragmáticos quieren la independencia porque creen que, económica o políticamente, será más beneficiosa para ellos. Los sentimentales suman a estos motivos la creencia de que Cataluña es una nación que debe gobernarse sin injerencias.


Uno de los principales argumentos económicos es el déficit fiscal entre Cataluña y España. Es la diferencia entre lo que la comunidad autónoma aporta al Estado y lo que recibe. La Generalitat de Cataluña cifró en junio este déficit en 15.000 millones de euros mientras que el Gobierno central lo fijó entonces en 8.455 millones. Los soberanistas argumentan que sin este déficit la Generalitat podría haberse ahorrado los recortes de los últimos años: 7.700 millones entre 2009 y 2013 y 3.700 millones previstos entre 2014 y 2017. También creen que se ha discriminado a Cataluña por motivos políticos en algunas inversiones estatales que no se han llegado a hacer o que se han retrasado como la llegada del AVE a Barcelona, el Corredor Mediterráneo o la reforma del Aeropuerto del Prat.


Otro argumento independentista es que la España autonómica de la Constitución de 1978 no acepta las demandas de más autogobierno para Cataluña. Según la última encuesta del CEO, un 63% de los catalanes cree que Cataluña tiene un nivel de autonomía “insuficiente”. El recorte que ejerció el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de 2006 se ha usado como ejemplo de que el autogobierno de los catalanes ya ha tocado techo.



Los nacionalistas catalanes también defienden la independencia como la mejor (o la única) manera de que Cataluña pueda blindar sus competencias en materia de lengua y de educación para preservar el catalán. La crisis institucional española, con escándalos en casi todos los estamentos (desde la Corona hasta el Poder Judicial) también se ha usado como un motivo más para abandonar España y “empezar de cero” en “un país nuevo”.

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¿Qué es el derecho a decidir?

Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

por Pol Pareja

El “derecho a decidir” es la expresión que los nacionalistas usan para resumir la demanda de un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Según el CEO, el 74% de los catalanes eran partidarios de esta consulta en 2012.

La Constitución española atribuye sólo al Estado la competencia para convocar un referéndum. En enero de 2014 el Parlament aprobó una petición al Congreso para que le cediera la competencia para convocarlo. Pero esa solicitud fue rechazada por la Cámara Baja con 299 votos en contra y 47 a favor. Votaron en contra PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias. Los votos a favor fueron de CiU, PNV, ERC, ICV y el resto del Grupo Mixto.

La crítica más común es que el llamado “derecho a decidir” o el derecho a la autodeterminación no figura en la Constitución española ni en casi ninguna ley fundamental del mundo. Los independentistas defienden en cambio que es una demanda mayoritaria que debe abordarse en términos políticos y que el derecho a la autodeterminación está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU.

Los soberanistas recuerdan los casos en los que una parte de un país ha votado sobre su independencia. Los principales ejemplos son el referéndum escocés del 18 de septiembre de 2014 o los celebrados en Quebec en 1980 y 1995. Estos referéndums tampoco estaban contemplados expresamente en la Constitución. Pero su celebración fue posible por los acuerdos políticos y en el caso del Reino Unido porque no existe una Constitución escrita que limite la acción del Parlamento. En Canadá se reguló el derecho a la secesión después de la votación de 1995, en la que el no se impuso al sí por el estrecho margen del 1,16%.


El Parlamento canadiense aprobó entonces la llamada Ley de Claridad, que permite que una zona del país se separe de Canadá si en un referéndum con una “pregunta clara” hay una “mayoría clara” a favor de la secesión. También prevé la opción de que determinadas zonas quieran seguir formando parte de Canadá. En ese caso se debería prever una posible división del territorio entre zonas canadienses y zonas independientes.

La Cámara de los Comunes de Canadá tiene la última palabra en dos aspectos esenciales: decide si la pregunta del referéndum es suficientemente concreta y tiene la facultad de determinar qué entiende por “mayoría clara”. La ley no determina qué mayoría debe votar a favor de la secesión para iniciar los trámites de separación, pero sí establece que debe ser una mayoría reforzada, entendiendo que un 51% de los votos no es suficiente.

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¿Qué es (o qué era) la tercera vía?


por Albert Olaya

Son una serie de iniciativas políticas para pedir más autonomía para Cataluña pero sin contemplar la secesión. El debate de la tercera vía cogió fuerza en 2012, cuando Artur Mas prometió una consulta soberanista y la posterior independencia de Cataluña.

PSC y Unió Democrática fueron los partidos que concretaron más sus propuestas. Los socialistas plantearon reformar la Constitución hacia una España federal, pactar una consulta soberanista con el Estado y lograr competencias exclusivas para Cataluña como Sanidad, Lengua o Educación. La propuesta de los democristianos, liderada por Duran i Lleida, consistía en un acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña para acordar una consulta, un pacto fiscal y el reconocimiento de la singularidad catalana añadiendo sólo algunos puntos en la Constitución.

Las fuerzas independentistas siempre han sido críticas con una posible tercera vía. Entienden que es inviable un acuerdo con el Gobierno español o una reforma de la Constitución para dar un encaje singular a Cataluña porque sería necesario el apoyo del PP y del PSOE, la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado y la aceptación del Rey.

Hasta ahora la tercera vía ha tenido un apoyo significativo en Cataluña. Según una encuesta en El País publicada en 2013, esta opción sería respaldada por el 40% de los catalanes en un referéndum soberanista. Aunque este debate se ha diluido por las elecciones del 27S, el PSC sigue apostando por una tercer vía. La nueva propuesta de los socialistas catalanes, respaldada también por el PSOE, es añadir la singularidad de Cataluña a la Constitución renunciando a la consulta soberanista.

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Las elecciones del 27S son las terceras desde 2010 ¿Por qué?

por Pol Pareja

A los catalanes se les ha llamado a las urnas tres veces desde las elecciones del 28 de noviembre de 2010. Entonces CiU obtuvo 62 escaños y puso punto y final a siete años del tripartito formado por PSC, ERC e ICV. En el programa electoral de esas elecciones, CiU todavía no defendía la independencia de Cataluña. Los nacionalistas apostaban por un sistema fiscal propio y por el “derecho a decidir para conseguir las cotas de autogobierno que el pueblo de Cataluña reclama y necesita”.

El 20 de septiembre de 2012, días después de la masiva manifestación independentista, Artur Mas se reunió con Mariano Rajoy para reclamar un régimen fiscal específico para Cataluña. Ante la negativa del presidente, Mas convocó elecciones anticipadas el 25 de noviembre de 2012.

CiU se presentó entonces con un programa que defendía que Cataluña tuviera un estado propio y se comprometió a realizar una consulta “de acuerdo con la legalidad” para preguntar a los catalanes si querían separarse de España. El adelanto electoral, sin embargo, no benefició a CiU, que pasó de 62 a 50 escaños cuando su objetivo era alcanzar la mayoría absoluta. ERC, en cambio, absorbió el voto soberanista y pasó de 10 a 21 diputados. CiU ha gobernado en minoría desde entonces gracias a un “pacto de estabilidad” con ERC, que se comprometió a apoyar a Mas siempre y cuando se convocara una consulta sobre la independencia durante 2014.

Ante la negativa del Congreso a permitir un referéndum legal en Cataluña, Mas decidió convocar otras elecciones para el 27 de septiembre de 2015 y las calificó como “plebiscitarias”. El proyecto soberanista (con la excepción de los anticapitalistas de la CUP) se ha aglutinado en torno a una lista única que reúne candidatos de CDC y ERC junto a miembros de las entidades civiles que han apoyado la independencia -ANC y Òmnium Cultural-, ex miembros de otros partidos y personas que hasta ahora no habían participado en política.

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¿Por qué se han fragmentado varios partidos históricos de Cataluña?


por Íñigo Zulet

El debate soberanista ha abierto fracturas dentro de los partidos catalanes. Los más perjudicados han sido CiU y PSC.
La división de CiU

CiU fue una federación creada en 1978 y disuelta en junio de 2015. La formaban Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La distinta postura que han tomado los dos partidos respecto a la independencia ha acabado dinamitando el proyecto y ha propiciado que en las elecciones del 27S cada uno vaya por libre.

La crisis empezó durante el XVI congreso de CDC, que se celebró en marzo de 2012. Los convergentes se fijaron como objetivo político la consecución de un “estado propio” para Cataluña. El partido ya no estaba en el catalanismo sino en el independentismo. Ahí comenzaron las discrepancias con Unió, partidaria de la confederación.

En un primer momento, Unió cedió respecto a Convergència y CiU incluyó el concepto de estado propio en el programa electoral de 2012, pero tras las elecciones de 2012, UDC se fue mostrando cada vez más incómoda con la deriva independentista de su socio. En junio de 2015, tras convocarse anticipadas para el 27-S, Unió celebró una consulta interna entre sus militantes para posicionarse sobre el plan soberanista de Artur Mas. Las bases del partido, por un margen muy estrecho, renunciaron a la hoja de ruta independentista de Convergència y avalaron la tesis de Josep Antoni Duran i Lleida, partidario de hacer un referéndum pactado con el Gobierno central. Al final los tres consejeros que Unió tenía en el Ejecutivo de Mas abandonaron y la federación se rompió.
El caso del PSC

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010, empezaron a nacer sectores críticos dentro del PSC que pedían un giro del partido hacia el soberanismo. En 2012, con el debate en Cataluña sobre el derecho a decir, se acentuó la tensión entre los miembros de la formación. El primero en abandonar -en octubre de 2012- fue el entonces diputado Ernest Maragall, que integraba el ala catalanista de los socialistas y había criticado la línea moderada del líder del PSC, Pere Navarro. Maragall fundó entonces un nuevo partido, Nova Esquerra Catalana, un proyecto de izquierdas y claramente independentista.

La ruptura del PSC se escenificó el 16 de enero de 2014. Ese día, tres diputados socialistas (Marina Geli, Núria Ventura y Joan Ignasi Elena) rompieron la disciplina de voto del partido y votaron a favor de pedir al Congreso la transferencia de competencias para que la Generalitat pudiera convocar una consulta independentista. Seis meses después, Elena creó una escisión del PSC llamada Avancem, de ideología socialista y soberanista. Otro ex diputado de la formación, Toni Comín, impulsó la asociación Socialisme, Catalunya i Llibertat, plataforma que ahora apoya a la lista Junts pel Sí.

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¿Por qué no ha habido un referéndum de independencia en Cataluña?

por David López Frías

Según el artículo 149 de la Constitución española, autorizar un referéndum es una competencia exclusiva del Estado.

La Constitución contempla tres tipos de referéndum: el consultivo (artículo 92), el de la reforma constitucional (artículos 167 y 168) y el de la reforma del estatuto de autonomía (artículos 151 y 152). El caso de la consulta sobre la independencia de Cataluña estaría enmarcado dentro del primer grupo. Sin embargo, el artículo dice lo siguiente. “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

La Constitución no contempla, por tanto, la posibilidad de preguntar sólo a un número limitado de electores salvo en el caso de la reforma de un estatuto de autonomía.



La última consulta vinculante celebrada en Cataluña fue la relativa a la aprobación del Estatuto de Autonomía el 10 de mayo de 2006.

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¿Qué son unas elecciones plebiscitarias?


por David López Frías

A efectos electorales, un plebiscito es un referéndum: el elector responde sí o no a una pregunta concreta. En unas elecciones, en cambio, se vota a partidos, programas o candidatos.

La segunda diferencia entre unas elecciones y un referéndum radica en la valoración del resultado: en el referéndum se cuentan votos y en las elecciones, escaños. La primera propuesta de Artur Mas fue la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El referéndum estaba contemplado en una Ley de Consultas aprobada por el propio Gobierno catalán. El Tribunal Constitucional tumbó ambas propuestas: la convocatoria de referéndum y la ley autonómica en la que se amparaba. El alto tribunal sentenció que quedaba fuera de la competencia autonómica formular consultas.

El presidente catalán optó entonces por la fórmula de convocar unas elecciones autonómicas (el único proceso que tiene potestad de convocar) y revestirlas de un carácter plebiscitario: en función del partido al que entregue su voto el elector, estará dando apoyo o no al proceso soberanista.

La Ley Electoral General (LOREG) de España no contempla la figura de unas elecciones plebiscitarias: no existe en el ordenamiento jurídico español. Esta fórmula es jurídicamente nula porque la LOREG afecta a Cataluña, que no dispone de una ley electoral propia.

El carácter plebiscitario de estos comicios sólo es una interpretación porque ni existe esa figura en España ni el decreto de convocatoria hace referencia expresa a que se trate de un plebiscito.

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¿Qué puede hacer el Estado para evitar la independencia de Cataluña?


por Íñigo Zulet

Una vez agotadas las vías de negociación, el Gobierno central dispone de distintos medios para frenar la independencia de Cataluña. En una situación límite, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central asumir durante un tiempo el control del Gobierno autonómico. Este artículo se podría aplicar si Cataluña no cumpliera “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o si actuara de forma que atentara gravemente contra el “interés general de España”.

El artículo explica que el Gobierno debería apercibir primero al presidente catalán. Sólo si no cambiara de actitud, podría recurrir al Senado, que debería aprobar por mayoría absoluta las medidas necesarias para obligarle a cumplir a la fuerza sus obligaciones y proteger el interés general.

El Ejecutivo tendría otra opción: declarar los estados de alarma, excepción o sitio previstos en el artículo 116 de la Constitución y regulados por la ley orgánica 4/1981 que se aprobó después del golpe de Estado del 23-F. La ley establece que los estados de alarma, excepción o sitio sólo deben aplicarse cuando la situación “no pueda resolverse por otros medios”.

Antes de llegar a este escenario, el Gobierno podría recurrir por la vía judicial o constitucional en caso de que la Generalitat incumpliera la ley. Por ejemplo, podría impugnar las elecciones si se detectaran irregularidades o aplicar el Código Penal, que en su título XXI regula los delitos contra la Constitución, entre ellos el de rebelión.

Además de recurrir al Tribunal Constitucional, el poder legislativo también puede reformarlo. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular, con toda la oposición en contra, ha presentado una proposición de ley de reforma del TC para permitir a este órgano multar e incluso suspender a los funcionarios gobernantes que no cumplan sus sentencias y sus resoluciones. La reforma se está tramitando y está previsto que el Congreso la apruebe el 29 de septiembre.

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¿Qué es la Asamblea Nacional Catalana?

por Albert Olaya

Un grupo de políticos catalanes liderados por el arquitecto Pere Pugès ideó en 2009 un proyecto para formar un movimiento independentista de base ciudadana. El reto era unir a los sectores soberanistas enfrentados históricamente por diferencias ideológicas, sobre todo económicas. El debate se extendió durante meses hasta el nacimiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el 30 de abril de 2011.

Durante el primer mandato de Artur Mas el 10 de marzo del 2012, la ANC celebró su asamblea constituyente en un acto multitudinario en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Se aprobaron los estatutos de la entidad y se puso como objetivo principal la celebración de un referéndum independentista para 2014. La entidad ya contaba entonces con cerca de 300 asambleas territoriales y con el apoyo de figuras catalanas como el cantautor Lluís Llach, el catedrático Ferran Requejo o el actor Joel Joan.

La ANC nombró presidenta en abril de 2012 a la lingüista y activista Carme Forcadell. Bajo su mandato, la entidad organizó algunas de las manifestaciones más grandes de la Historia de Cataluña: la marcha Catalunya nou Estat d’Europa de la Diada de 2012, el Concierto por la Libertad en el Camp Nou en junio de 2013, la Vía Catalana durante la Diada del mismo año o la V durante la Diada del 2014.

La ANC tiene más de 34.000 socios con su cuota al día, más de 40.000 colaboradores y simpatizantes que no pagan cuota pero colaboran con la entidad voluntariamente y cerca de 600 asambleas territoriales en Cataluña. La entidad tiene un papel clave como portavoz de la masa social catalana favorable a la independencia. Convergència y Esquerra Republicana no suelen dar pasos en el proceso sin su aprobación y de hecho la hoja de ruta secesionista pactada entre los dos partidos cuenta también con la firma de la entidad.

Forcadell dejó el cargo en mayo de 2015 en manos del profesor Jordi Sànchez. Forcadell es hoy la número dos de la lista unitaria para las elecciones del 27S.

Más información sobre la ANC: ‘Los guardianes del proceso’

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¿Qué es el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN)?

por Albert Olaya

Es un órgano del Departamento de Presidencia de la Generalitat que asesora al Gobierno catalán para lograr la independencia con las máximas garantías de éxito. El Ejecutivo de Artur Mas lo creó en 2013 y está presidido por Carles Viver Pi-Sunyer, jurista y ex magistrado del Tribunal Constitucional (1992-2001). El consejo tiene 13 miembros más: entre ellos, el catedrático en economía Germà Bel, el catedrático en derecho Ferran Requejo o la periodista y escritora Pilar Rahola.

El CATN publicó en 2014 el libro blanco de la independencia donde analiza los pasos que debería seguir la Generalitat para lograrla. Por ejemplo, cómo organizar un referéndum independentista, cómo internacionalizar el conflicto o qué “estructuras de Estado” se deberían crear en Cataluña para la secesión: una Hacienda, una administración tributaria, un poder judicial o el suministro de energía y agua.

Con el fin de coordinar e implementar las propuestas del CATN antes del 27S, la Generalitat creó en febrero de 2015 el Comisionado para la Transición Nacional. Su responsable es también Carles Viver Pi-Sunyer. Este segundo órgano está en suspensión cautelar hasta fin de año. El Tribunal Constitucional aceptó a trámite la petición del Gobierno español donde alegaba que el Comisionado constituye un conflicto de competencias.

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¿Quién será presidente después del 27-S?

Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras en un acto de Junts pel Sí. / JUNTS PEL SÍ

por Íñigo Zulet

Todos los sondeos acerca del resultado electoral del 27-S publicados hasta la fecha dan como vencedora a la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras -Junts pel Sí (JxSí)-, si bien difieren en el número de escaños asignados. La mayoría de las encuestas, salvo la publicada por El Punt Avui, auguran que la candidatura independentista se impondría pero sin alcanzar la mayoría absoluta.



La demoscopia, por tanto, deja dos posibles escenarios. En el primero y menos probable, la lista de Artur Mas conseguiría la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña al obtener 68 diputados o más. En este contexto, Mas repetiría mandato sin la ayuda de otras fuerzas políticas. La segunda, más previsible y que también daría el gobierno a Junts pel Sí, sería la de un pacto entre esta lista y la CUP, aunque esta formación ya ha avisado que no investirá a Artur Mas. Sin embargo, aunque no le apoyara en una primera vuelta, la CUP podría abstenerse en segunda votación, momento en el que la lista de Más tan sólo necesitaría mayoría simple para formar gobierno.

Pese a que lo más probable es que Mas sea el próximo presidente, las perspectivas electorales no son lo único que se debe tener en cuenta. El candidato a quien se presta apoyo también importa: formaciones como la CUP o incluso Sí que es Pot podrían llegar a pactos con Junts pel Sí si su cabeza de lista, Raül Romeva, fuera el verdadero candidato y Mas diera un paso atrás. De hecho, la CUP se desmarcó de la lista unitaria porque incluía a políticos.

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¿Cuál es la hoja de ruta de los independentistas?



por Albert Olaya

Junts pel Sí pondrá en marcha el proceso de independencia si obtiene una mayoría en el próximo Parlament. Hay dos escenarios posibles: que la lista obtenga 68 diputados o más (mayoría absoluta) o que reciba el apoyo parlamentario de la CUP, la otra lista independentista que se presenta.

El primer paso de la hoja de ruta será aprobar una declaración en el Parlamento que informaría a las instituciones españolas, europeas e internacionales de que arranca el proceso de independencia. Junts pel Sí contempla empezar a negociar los términos de la secesión con el Gobierno español. Según la lista, pasivos como la deuda pública española serían un factor clave para que España se aviniera a pactar la separación. Si el Estado bloqueara entonces el autogobierno de Cataluña, el plan de la candidatura pasa por declarar la independencia unilateral automáticamente. Las instituciones catalanas ya no reconocerían la legalidad española y el escenario sería impredecible.

Si el Estado se mantuviera al margen, Cataluña seguiría dentro de España hasta que el nuevo Gobierno independentista pusiera a punto las “estructuras de estado” y tuviera apoyos internacionales suficientes. Este proceso podría durar varios meses. Durante ese tiempo, la Generalitat seguiría gestionando las competencias autonómicas actuales y en paralelo la sociedad catalana sería la encargada de proponer las bases de la nueva Constitución mediante un proceso de participación ciudadana con un mecanismo que aún no se ha explicado.

Una vez que las “estructuras de estado” estuvieran listas, el Parlament proclamaría la independencia de Cataluña. ¿Cuándo sucedería esto? Según Europa Press, Convergència Democrática y Esquerra Republicana habrían pactado que la declaración podría tener lugar en los primeros seis y ocho meses de legislatura, pero la candidatura no lo aclara. Inmediatamente después de proclamar la independencia, el Parlamento aprobaría la “Ley de transitoriedad jurídica” para evitar vacíos legales y una “Ley del proceso constituyente” para redactar la Constitución catalana.

Si se llegara a este punto, el Gobierno catalán convocaría unas elecciones parlamentarias constituyentes, que deberían celebrarse 18 meses después del 27 de septiembre. Es decir, antes de marzo de 2017. Es imposible saber qué partidos se presentarían a esas elecciones. Pero si volviera a haber una mayoría independentista, el último paso que contempla la candidatura es aprobar el texto final de la Constitución y organizar un referéndum para ratificarla.

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¿Podrá seguir Cataluña en la UE si se independiza?

por Juan Sanhermelando

No. Cataluña quedará automáticamente fuera de la UE si se independiza y tendrá que solicitar la adhesión si quiere volver al club comunitario. El ingreso de Cataluña tendría que ser respaldado por unanimidad por los estados miembros, lo que significa que cualquiera de ellos, incluido España, podría vetarlo.

Esta es la respuesta invariable que han dado los diferentes líderes de las instituciones de la UE desde que se inicio el proceso independentista y que también se aplicó al caso de Escocia durante el referéndum del año pasado: “Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los tratados dejarían de ser aplicables en su territorio”.

Esa posición se puede encontrar en este comunicado publicado en 2013 por el ex presidente del Consejo Europeo Hermann Van Rompuy. También en esta respuesta del ex presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso al eurodiputadoconvergente Ramón Tremosa.

Además, los tratados establecen que la UE “respetará las funciones esenciales del Estado, sobre todo las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial” (artículo 4, apartado 2 del Tratado de la UE). De ahí que Angela Merkel pidiera el pasado 1 de septiembre, al ser preguntada por el proceso independentista en Cataluña, respeto a la “integridad territorial” y a la “legalidad nacional e internacional”.

El ex director de los servicios jurídicos de la UE va un paso más allá y sostiene que una declaración unilateral de independencia de Cataluña no podría ser reconocida nunca por ningún estado miembro al no respetar este principio.

Sin embargo, los líderes independentistas, empezando por Artur Mas, alegan que casos como el de Cataluña no están previstos en los tratados y sostienen que los dirigentes europeos actuarán con pragmatismo y dejarán que los catalanes sigan en la UE después de la independencia porque ya cumplen todos los requisitos y tienen derechos de ciudadanía comunitaria adquiridos.

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Una Cataluña independiente, ¿quedaría fuera del euro?

El euro es la moneda utilizada por 19 países miembros de la Unión Europea.

por David López Frías

Hay dos grupos de países que utilizan el euro como moneda oficial sin formar parte de la Eurozona. El primer grupo es el conformado por cuatro micronaciones: Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano. El segundo es el de las ex repúblicas yugoslavas de Kosovo y Montenegro.

Las micronaciones tienen “un acuerdo monetario con la UE”. Kosovo y Montenegro adoptaron en 1999 una moneda extranjera por mandato de la administración de Naciones Unidas. La intención era alejar a estos dos países de la influencia económica serbia. Al principio usaron el marco alemán y con su desaparición adoptaron el euro. Hoy tanto Kosovo como Montenegro usan el euro de facto pero no forman parte de la UE y se ven obligados a comprar la moneda por mediación de bancos comerciales.

Cada país tiene la potestad de elegir de forma unilateral cuál es la moneda oficial de su territorio. Si Cataluña se independiza, podría seguir usando el euro de forma oficial pero como moneda extranjera y sin ningún poder de decisión en los estamentos económicos europeos.

Por otra parte, Cataluña quedaría desvinculada del Banco Central Europeo, por lo que sus entidades financieras no estarían dentro de la unión bancaria. Eso supondría quedar fuera de las líneas de crédito, de las ayudas y de posibles rescates como el de Grecia.

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¿Qué necesita Cataluña para ser reconocida como país en la ONU?


por David López Frías

Para ser miembro de la ONU, Cataluña necesitaría en primer lugar que nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad recomendaran su admisión. El veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido) frenaría esa recomendación.

Si Cataluña lograra la aprobación del Consejo de Seguridad, el siguiente paso consistiría en solicitar la aprobación de dos tercios de la Asamblea General de la ONU, que se compone de 193 miembros. Si no la lograra, podría solicitar su admisión como estado observador. Es el estatus que tiene ahora Palestina y le daría derecho a participar en las sesiones de la Asamblea General pero no a votar ni a ser miembro del Consejo de Seguridad.

El Ministerio de Exteriores de España ha elaborado un informe en el que descarta incluso esa posibilidad. Dice que “en ninguna constitución del mundo se contempla la posibilidad de secesión de un territorio” y recuerda que los supuestos para declarar la autodeterminación de un estado sólo se aplican “a los pueblos sometidos a dominación colonial, anexión por conquista, dominación extranjera u ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos”.

Existen casos de estados que han sido reconocidos por más de cien países pero que no pueden ser miembros de la ONU. En esa situación se encuentra Kosovo, que no ha alcanzado el reconocimiento de estos dos tercios de la Asamblea General. Algunos países aún mantienen una posición hostil hacia este nuevo estado por su declaración de independencia unilateral.

El caso opuesto es el de Sudán del Sur. Su separación de Sudán fue pactada, por lo que no ha encontrado problemas para ser reconocido por la comunidad internacional. Seis meses después de su declaración de independencia en julio de 2011, ya era miembro de pleno derecho en la ONU.

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¿Qué consecuencias tendría para España una Cataluña independiente?


por Rubén J. Lapetra

A los mercados no les gustan los procesos inesperados. Una hipotética independencia de Cataluña generaría un incremento del riesgo financiero para España porque el Estado es el principal acreedor de la deuda de la Generalitat y de los entes locales catalanes a través del Fondo de Liquidez Autonómica (64.000 millones de euros).

La deuda indirecta, la que correspondería a Cataluña por su participación en el actual marco estatal y por su peso económico en el PIB, sumaría otros 180.000 millones.

La mayoría de los inversores están de acuerdo: una secesión haría aumentar los riesgos para la inversión. La prima de riesgo subiría de forma sustancial porque se dispararían las exigencias de los inversores para invertir en un país cuyas fronteras y cuyas leyes están a punto de cambiar.

Sin Cataluña, España perdería una quinta parte de su peso económico (20%) y un 16% en población: un factor esencial en la representatividad de los estados en la Unión Europea. La secesión catalana tendría menos consecuencias para España porque forma parte como socio de pleno derecho de todas las instituciones internacionales.

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¿Dónde jugarían el Barça y el Espanyol?


por David López Frías

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) es una asociación integrada por los 42 clubes de fútbol que participan en las competiciones profesionales españolas: 20 de Primera División y 22 de Segunda División A. En la temporada 2015-16, Cataluña contará con cinco miembros: Barça, Espanyol, Girona, Llagostera y Gimnàstic de Tarragona.

Sólo la propia LFP podría expulsar a alguno de sus miembros. Sin embargo, y aunque posee personalidad jurídica propia, la LFP forma parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es un organismo independiente cuyas competencias consisten en “controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal”, según dicen sus estatutos. Ambas entidades se coordinan para organizar el Campeonato Nacional de Liga. La RFEF, por ejemplo, es la que se encarga de la designación de los árbitros.

La LFP no podría tomar decisiones de forma unilateral con respecto a los equipos que pueden jugar la liga española. La RFEF, por su parte, no podría expulsar a los equipos catalanes de la LFP, pero sí podría vetarlos y oponerse a que disputaran el campeonato español. Ambas instituciones dependen del Consejo Superior de Deportes (CSD), que sería el estamento que tendría la última palabra con respecto a los clubes que podrían jugar la competición nacional.

La propia LFP ha advertido de los riesgos que conlleva una hipotética independencia. Su presidente, Javier Tebas, declaró al programa “Al primer toque” de Onda Cero que el problema reside en una cuestión de legalidad y que los equipos catalanes no podrían jugar la Liga porque: “la Ley del Deporte recoge en una disposición adicional que solamente hay un estado no español que puede jugar la Liga o competiciones oficiales españolas y es Andorra”.

Así, para que los equipos catalanes de fútbol pudiesen disputar la Liga, el Parlamento español debería modificar la ley. En caso contrario, los equipos catalanes deberían crear su propia liga.

Existe otra opción para los clubes de Cataluña: que otro país les permita jugar en su campeonato. Se especuló hace unos años con que podrían unirse a la Liga francesa. Aquí la traba sería la UEFA, que no autoriza que ningún club dispute competiciones europeas si cambia de federación o juega en otro país distinto al suyo.

Barça y Espanyol forman parte de la RFEF, por lo que un cambio de federación les condenaría a no disputar la Liga de Campeones ni la Europa League. Según el artículo 51 del estatuto de la UEFA, para permitirles jugar dichas competiciones se requeriría la autorización de la propia UEFA, así como el acuerdo de las dos federaciones: la catalana y la española. Esto significa que la RFEF tendría derecho de veto. Existen muy pocas excepciones, y en todos los casos se trata de clubes con derechos históricos adquiridos: Andorra, (que está en la liga española desde antes de que se fundase la Federació d’Andorra), el Swansea o el Cardiff (que decidieron no unirse a la liga de Gales cuando se creó en 1992) o el Mónaco (que no tiene federación propia y forma parte de la francesa).

La UEFA tampoco ha permitido hasta ahora que las federaciones de fútbol se asocien con otras para unificar ligas. El máximo organismo del fútbol continental ya frenó iniciativas como la integración de los equipos escoceses (Celtic y Rangers) en la Premier League inglesa, la creación de un campeonato atlántico con clubes holandeses, belgas, escoceses y escandinavos o la recuperación del torneo soviético con equipos rusos, bielorrusos y ucranianos.

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En una Cataluña independiente, ¿un catalán conservaría la nacionalidad española?


por Íñigo Zulet

La mayoría de las fuerzas independentistas como CDC, ERC o la ANC se decantan por la fórmula de la doble nacionalidad y la Constitución dice que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Por lo tanto lo más probable es que en una Cataluña independiente los catalanes pudieran conservar la nacionalidad española.

Pero eso no implica que tuvieran estrictamente doble nacionalidad: la catalana y la española. El Código Civil establece que prevalecerá siempre la española si se ostenta otra nacionalidad no prevista en la ley vigente o en los tratados internacionales. Es decir, que mientras el Estado no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes no podrían usar la nacionalidad catalana en España ni en los demás países que tampoco reconocieran al nuevo estado catalán. A los catalanes sólo les valdría la nacionalidad española para moverse por otros países.

En una hipotética independencia de Cataluña se abrirían varias posibilidades sobre la nacionalidad de los catalanes: un modelo de doble nacionalidad (catalana y española), la subordinación de una de las nacionalidades o la elección libre de cada catalán entre las dos.

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¿Permitiría una Cataluña independiente una consulta en Arán?

por Íñigo Zulet

El Valle de Arán es una comarca pirenaica de Lérida y forma parte de Cataluña bajo un régimen de autogobierno especial. El proceso independentista catalán ha abierto un debate entre los araneses sobre su futuro y su relación con respecto a España y Cataluña. Entre las reivindicaciones nacionalistas del pueblo aranés está convocar un referéndum propio.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya reconoció que no impediría una consulta si el valle decidiera impulsarla para decidir su futuro en Cataluña. Por su parte, ERC también se muestra partidario de reconocer el derecho a la autodeterminación del territorio de Arán.

Arán ha tenido una identidad particular a lo largo de la Historia por varios motivos. En primer lugar, goza de una singularidad lingüística porque en el valle conviven el castellano, el catalán y el aranés, un dialecto occitano. La autonomía del territorio se remonta a la Edad Media, cuando en 1313 el rey Jaime II de Aragón concedió al valle instituciones propias y un conjunto de privilegios forales denominados Era Querimònia a cambio del pago de un tributo. Ese régimen especial se suprimió a principios del siglo XIX a raíz de la política centralizadora del Estado. Después de varios intentos, la autonomía aranesa se restauró en 1990 con la Ley 16/1990, que restableció parte de los derechos históricos del Valle de Arán.


EL ESPAÑOL , Y 

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