sábado, 26 de diciembre de 2015

La represión silenciosa de la justicia en Colombia, la segunda patria de Felipe González


Sin balas. Sin sangre. Sin ejército ni paramilitares. Fuera del foco mediático y de los llamamientos internacionales para la paz. Organizaciones sociales denuncian que el sistema judicial en Colombia sirve para acallar voces críticas con el poder.

El activista político y defensor de los derechos humanos, David Ravelo, lleva 5 años en la cárcel condenado por asesinato.

Decenas de ONG consideran que su único delito fue denunciar los acuerdos del anterior presidente del Gobierno, Álvaro Uribe, y las fuerzas paramilitares.


David Ravelo en el momento de escuchar una denuncia


“¿Te dijeron que la meta era matarme antes del 20 de julio? Bueno mi hijo, tranquilo que yo tengo cuidado”. David Ravelo no puede decir que no sabía a lo que se exponía por mantener su compromiso politico en la zona de Barrancabermeja, localidad petrolera del interior de Colombia. La llamada de su hijo, recibida en junio de 2010, coronaba una década de amenazas de muerte. Unos avisos creíbles, ya que durante ese tiempo otras figuras “incómodas” eran asesinadas o "desaparecidas".

Desde 2007, momento en el que David Ravelo denunció en los medios una reunión entre el entonces presidente Uribe con varios mandos paramilitares, las presiones habían aumentada cada vez más su intensidad. A partir del año 2000, las fuerzas paramilitares tomaron posiciones en la región. Comenzaron los asesinatos, las desapariciones y amenazas a líderes políticos, sindicales y sociales.

Ravelo, entonces secretario general de la organización de derechos humanos (CREDHOS), y destacado miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), fue uno de ellos. Su familia tuvo que desplazarse, pero él decidió quedarse en la ciudad. Tras 30 años en organizaciones sociales y partidos de izquierda, Ravelo conocía bien a lo que se exponía.


"Una piedra en el zapato del poder"

En un vídeo de Brigadas Internacional de Paz explicaba que sus denuncias le habían convertido en una “piedra en el zapato del poder”. Las amenazas de muerte no se cumplieron. Pero tras tres meses, en septiembre de 2010 Ravelo, fue detenido. Le acusaban del asesinato del funcionario David Núñez, cometido en 1991. La defensa calificó el proceso de “montaje judicial” con “pruebas viciadas”. Pero tras pasar dos años en la cárcel de forma preventiva, el activista político fue condenado a 18 años y tres meses.

Una docena organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron numerosas irregularidades en el proceso en un comunicado. Quizás lo más llamativo del proceso fue que el Fiscal de la Unidad Antiterrorismo que le imputó el delito, William Pacheco, había sido destituido por ser responsable de la desaparición de un joven. Una circunstancia que según la ley colombiana le impediría ocupar el cargo en la Fiscalía General.

Además, los principales testigos del caso fueron dos paramilitares desmovilizados que habían sido condenados y que recibieron una rebaja en su condena por su testimonio. Uno de ellos, Jaime Mejía, la vio reducida de 40 a 8 años. Desde 2010 Ravelo permanece en la cárcel de La Picota. Según cuentan sus abogados, la experiencia de reclusión está siendo “enriquecedora”. En dos ocasiones ha sido elegido, por voto popular entre los reclusos, representante del Comité de Derechos Humanos de la prisión.

La justicia colombiana ha desestimado todos los recursos posibles, por lo que podría llegar a cumplir 18 años de condena. Se ha intentado sin éxito conocer la versión del Gobierno colombiano sobre este caso.

El defensor de los derechos humanos David Ravelo en otra foto de archivo


Un caso entre miles de presos políticos

El Gobierno niega sistemáticamente la politización de la justicia en el país. Sin embargo, la Plataforma Solidaridad con Colombia cifra en más de 9.500 los presos políticos, de los cuales el 98% serían personas vinculadas a organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, movimientos estudiantiles y docentes, etc.

“Han sido encarcelados bajo el delito de rebelión por causas ideológicas”, sostiene Leyla Ordóñez, integrante de esta plataforma. “A través de la criminalización de la protesta social no sólo se ha encarcelado a miembros de la oposición política de izquierda, sino que también se les ha declarado objetivo militar”, denuncia Ordóñez.

Ni el Gobierno de Santos, ni el anterior de Uribe han reconocido que pueda haber prisioneros políticos. Aparte del emblemático caso de Ravelo, desde esta plataforma señalan otros “casos de montajes judiciales” como los del dirigente sindical Huber Ballesteros, y el del profesor universitario Francisco Toloza. El primero fue detenido durante el último paro nacional agrario en 2013 y sigue desde entonces recluido en la cárcel nacional La Picota en Bogotá. El segundo, miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica, se encuentra en libertad, continúa con un juicio abierto.

Además de para castigar y silenciar a los encarcelados, esta estrategia busca el desprestigio de las organizaciones y de las reivindicaciones de los acusados. Las amenazas y los asesinatos habrían dado paso a las denuncias arbitrarias contra las figuras políticamente incómodas de mayor popularidad. Para los miembros de MOVICE en Madrid lo que se produce hoy en día es una “conjugación de formas represivas”. Según esta organización, en paralelo a la represión vía judicial se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, ya que no existe una presión internacional para acabar con ellas.

“El aparato de justicia se ha configurado históricamente como un instrumento utilizado por el poder ejecutivo en aras de garantizar su permanencia en el poder”, recalcan desde MOVICE. Sus integrantes apuntan otros casos como de “persecución política en el ámbito judicial” como la exsenadora Piedad Córdoba, Alejandro Ordoñez, a quien se le abrió una investigación por colaboración con las FARC cuando se dedicaba a intermediar para la liberación de secuestrados o las acusaciones contra el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras desmantelar un sistema de contrataciones amañadas de recogida de basuras.


El conflicto sobre la posesión de tierras

Distintas organizaciones denuncian que en el fondo de muchos de estos casos se esconde el conflicto sobre la posesión de las tierras. Según datos de Amnistía Internacional, seis millones de personas han sido desplazadas a la fuerza y se habrían adquirido ilegalmente 8 millones de hectáreas. Pese a la aprobación en una Ley de Restitución, sólo se habría devuelto un 1% de éstas.

La devolución de estas tierras es una de las claves del incipiente proceso de paz y sigue provocando tensiones entre los los anteriores y los actuales propietarios. Así, éstos últimos podrían optar por la justicia como una forma de represión silenciosa a las figuras que puedan resultarles incómodas. ¿Cómo pueden suceder este tipo de procesos judiciales sin que se produzca un escándalo internacional?

Según MOVICE existe un “clima de complicidad” de muchos países con el gobierno colombiano a la espera de que el proceso de paz sea beneficioso para las inversiones de sus empresas. “Aún está por saberse la verdad acerca de la responsabilidad de las multinacionales en la grave emergencia humanitaria que vive Colombia a causa de la violencia política”, advierten.


Alberto Senante

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