miércoles, 25 de mayo de 2016

Carta del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a la Comisión Europea

EL GOBIERNO DEL PP PREVÉ RECORTES DE 5.000 MILLONES PARA 2016


El diario El País publica una carta del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a Jean Claude Juncker (jefe de la Comisión Europea) en la que se compromete a “a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir los objetivos". Se refiere el candidato del Partido Popular al objetivo de déficit del 3,6% del PIB previsto para el cierre de este año por el Gobierno.
Es el último tirón en el juego de sogatira que lleva desempeñando el Gobierno con la Comisión Europea desde que, a finales de 2015, empezara a quedar claro que España incumpliría el Pacto de Estabilidad que obliga a todos los Estados a cumplir los objetivos de déficit –la diferencia entre ingresos y gastos cuando esta da una cifra negativa– bajo pena de ser multado, entre otras medidas de coerción.
Del lado de las instituciones europeas, está en juego la credibilidad del Pacto de Estabilidad
Tras rebasar el objetivo de déficit de 2015 en casi un punto (9.000 millones de euros), el Gobierno español consiguió un año más de prórroga (hasta el cierre de 2017) para llegar al objetivo del 3%. Un compromiso que sólo ha mandado a córner el último disparo austeritario de la Comisión: en su consejo celebrado el pasado 18 de mayo, los comisarios decidieron posponer hasta julio su decisión sobre si será precisamente España el Estado europeo en estrenar las sanciones previstas en el llamado procedimiento por déficit excesivo .


¿Qué se juega cada parte?


Del lado del Gobierno del Partido Popular, simple y llanamente los resultados del 26J. El discurso de la recuperación económica, y de que las reformas dolorosas “han sacado al enfermo del quirófano” está en el argumentario básico de todos los dirigentes del PP y de los miembros del Gobierno (el último, Jorge Fernández Díaz esta mañana en TVE).
Algunas medidas aprobadas por el PP post austeridad –el regreso de la paga extra a los funcionarios o las rebajas del IRPF aprobadas en 2015– iban dirigidas precisamente a señalar que España había cumplido los deberes y podía empezar a recuperar parte del bienestar perdido tras tres años de austeridad.
En declaraciones a Financial Times publicadas un día antes de que los comisarios europeos decidieran si multaban o no al Estado español, Mariano Rajoy informaba de su intención de prometer nuevas bajadas de impuestos en caso de ser reelegido. Hoy sabemos que en su carta enviada a Juncker –fechada el 5 de mayo– se comprometía más bien a lo contrario. En todo caso, si el pacto no escrito entre los comisarios y la delegación española era sacar la cuestión del déficit del debate electoral 26J, su éxito es más bien dudoso.
Del lado de las instituciones europeas, está en juego la credibilidad del Pacto de Estabilidad, que implica la supervisión de las cuentas de los países miembro y determinados castigos bajo la forma de multas y corte de acceso a fondos. Una amenaza famosa más bien por no haberse cumplido nunca, y paradójica como casi todo en esta construcción europea: ha intervenido más el ‘poli bueno’ de la crisis europea, es decir el Banco Central Europeo de Mario Draghi (BCE, que ha dejado a Grecia y a Catalunya fuera de su política de compra de deuda) que la Comisión y su procedimiento de déficit excesivo. Lo que no quiere decir que no existan contrapartidas: Grecia sigue lejos de cumplir los objetivos, pero ha tenido que aprobar durísimos recortes también bajo el Gobierno de Syriza.
Están en juego 2.000 millones de euros en sanciones y hasta 5.500 millones de fondos europeos
Estos días, han sido caracterizados como polis buenos los comisarios Juncker y Pierre Moscovici (comisario económico), partidarios al parecer de una mayor flexibilidad. Del lado de los duros se han situado el vicepresidente Valdis Dombrovskis, lituano, de la familia euroconservadora, o el finlandés Jyrki Katainen. En cualquier caso, más que como una oposición entre laxos y ortodoxos, estas divisiones quizá puedan caracterizarse por el compromiso de sus respectivos países con la estabilidad institucional europea tal y como la conocemos: Otra de las cuestiones aireadas estos días para justificar el retraso en las sanciones a España era su coincidencia con el referéndum en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea, el polémico brexit.

¿A qué multas se puede enfrentar España?


El procedimiento por déficit excesivo incluye multas por valor del 0,2% del PIB de un país miembro y el recorte en el acceso a Fondos Sociales y Estructurales europeos. En el caso español, están en juego 2.000 millones de euros en sanciones y hasta 5.500 millones de fondos europeos. De hecho, la Comisión Europea ya mantiene congelados 1.122 millones en fondos Feder, para iniciativas relacionadas con el transporte, la energía, el medio ambiente o la investigación, por deficiencias en la gestión de estos proyectos. No es lo mismo, ni está directamente relacionado con el procedimiento por déficit excesivo, evidencia la situación negociadora delicada a la que se enfrenta el Gobierno español.
A la espera de si se cumplen las sanciones o no, la carta publicada hoy deja pocas dudas de que el Gobierno está dispuesto a recortar. Serían aproximadamente 8.000 millones de euros, entre 2016 y 2017, los necesarios para llevar la diferencia entre ingresos y gastos al 3% del PIB. Otras contrapartidas no incluidas en el procedimiento por déficit excesivo pueden incluir a la legislación laboral o a la liberalización de sectores.

¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora?


Tras ser amonestado en diferentes ocasiones por la Comisión Europea, y tras reconocer el desvío del déficit en 2015, el Gobierno presentó en abril su plan de Estabilidad 2016-2019 a la Unión Europea. Por el contenido de la carta hecha pública hoy, sabemos que Rajoy prevé más recortes "para la segunda mitad del año" si fuera elegido presidente. En cuanto al plan de estabilidad, incluía recortes de 5.000 millones para 2016, cuyo peso recae sobre todo en las administraciones locales:
  • 2.037 millones se recortarán por la aplicación de la llamada regla de gasto en las Comunidades Autónomas. Las CCAA son responsables de la mayor parte de la financiación de áreas como Sanidad, Educación o dependencia.
     
  • 2.000 millones procederán de recortes en el acceso al crédito por parte de la Administración Central. El llamado acuerdo de no disponibilidad no afectará, según el Gobierno, “a gasto social ni a partidas afectadas con la seguridad”.
     
  • Otros 729 millones en recortes vienen consignados a una “reforma de la Administraciones Públicas”.
     
Además, el Gobierno ya anunció que dejará de financiar el plan de pago a proveedoresde aquellas autonomías que más se desviaron en los límites de gasto impuestos  : de momento, Extremadura y Aragón están ya apartadas de estas transferencias, y otras 8 comunidades están sobre aviso. El marco austeritario impuesto por las leyes de Montoro de 2012-2013 sigue además plenamente vigente y condiciona ya políticas de los gobiernos del cambio como la remunicipalización de la recogida de basura en Madrid.

Diego Sanz Paratcha



Nota: Cuando Rajoy y su gobierno dicen que tomarán medidas quieren decir que harán recortes, es el cambio de término a usar que Génova a introducido en su argumentario

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