Iglesias solicita la imputación de Inda y que se levante el secreto del sumario de la 'policía política'

Podemos ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacionalel levantamiento del secreto de sumario de la décima pieza del caso Tándem, en la que se investiga el robo del móvil que sufrió en 2016 la asesora de Pablo Iglesias y la posterior publicación de información personal sobre el secretario general de la formación morada. La defensa de la afectada, Dina Bousselham, y del líder de Podemos recuerda, en un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, que en los últimos días han sido “incesantes” las noticias “sobre el contenido de las declaraciones, las pesquisas e inclusive la citación de testigos”. Por ello, solicita el levantamiento del secreto “en aras de un correcto ejercicio de defensa de las víctimas y de la acusación” y pide nuevas diligencias de investigación, entre las que se encuentra la averiguación del posicionamiento del móvil de Bousselham entre el día del robo y la fecha de publicación en OkDiario de las primeras informaciones extraídas del terminal sustraído. También pide la imputación del director de dicho diario digital, Eduardo Inda, y del periodista que firmó las informaciones. El magistrado Manuel García Castellón todavía no se ha pronunciado al respecto.

El 1 de noviembre de 2015, la asistente de Iglesias cuando era europarlamentario denunció el robo de su móvil en un centro comercial pensando que había sido un delito común. Sin embargo, un año más tarde saltó la alarma cuando tras uno de los registros que se llevaron a cabo en la conocida como Operación Tándem, por la que fue detenido y puesto en prisión provisional el comisario jubilado José Manuel Villarejo, los agentes de Asuntos Internos encontraron entre el material intervenido un archivo con el contenido del móvil. Parte de la información del terminal fue publicada siete meses después del robo en varias entregas por el periódico digital OkDiario. La conocida como Pieza Dinaya se ha cobrado una primera víctima. A comienzos de semana, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la compleja trama corrupta de Villarejo imputó al que hasta hace unos días era el número dos de la oficina de comunicación de Moncloa. El periodista Alberto Pozas, exdirector de Interviú, habría facilitado la información del móvil a Villarejo después de que la revista decidiera no publicarla.

En el escrito de Iglesias y Bousselham, se denuncia que el periódico digital continúa en la actualidad difundiendo el contenido del móvil “a sabiendas de su origen ilícito”. “El señor Inda, como director de OkDiario, ha autorizado dicha difusión y la ha amparado públicamente realizando numerosas intervenciones en programas de televisión en los que se refiere a las capturas de pantalla”, apunta la abogada Marta Flor Núñez, que recuerda también que el diario “ha insertado publicidad en todas sus publicaciones, por lo que se ha venido lucrando del uso de la información privada y confidencial perteneciente a la vida privada” de sus representados. El escrito encuadra el robo del móvil dentro de las actuaciones de la denominada policía política. Así, señala que la pieza número diez “ha puesto en evidencia la presumible colaboración activa para difamar” al secretario general de Podemos “entre un grupo de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía” y OkDiario. “La colaboración entre el investigado Villarejo y medios de comunicación para alcanzar fines espurios e ilegales no es ninguna novedad”, recuerda.

Por todo ello, la abogada solicita varias diligencias de prueba. En primer lugar, ha pedido que se libre oficio a la unidad policial investigadora “a fin de que averigüe mediante triangulación u otro sistema equivalente el posicionamiento del número de teléfono de Dina Bousselham” entre el día del robo y la publicación del contenido del terminal con el objetivo de conocer “cómo fue el traslado” del teléfono “a las diversas personas que han tenido acceso a su contenido”. Además, pide que se comprueben los contactos entre varios de los agentes que integraban la denominada policía política y el periodista Eduardo Inda, “detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros” aumentó en los periodos en los que OkDiario publicó varias de sus exclusivas que se encuentran bajo sospecha. Y solicita que se cite a declarar en calidad de investigados al propio Inda y al periodista Miguel Ángel Ruiz Coll, autor de las informaciones extraídas del móvil sustraído.

Álvaro Sánchez Castrillo